Entre todos rescatamos a las grandes constructoras en quiebra
Ante la que se avecina, el Estado, puesto a no aumentar su endeudamiento por tener que socorrer a los grandes, encuentra la solución, DEJAR DE FINANCIAR A LOS PEQUEÑOS.
En breve, un nuevo rescate millonario, las autovías en quiebra, eso ha garantizada nuestro ministro de fomento. Se estiman unos 5.000 millones de euros. Creo recordar que hablamos de sacar del apuro a Ferrovial, Sacyr, Kutxabank, OHL, ACS, Abertis, Globalvía.
Pero no pasa nada, la AEAT sabe cómo solucionarlo, y el pasado día 3 ha publicado un Real Decreto, con motivo de “dejar de hacer de banco para la PYMES, ya que las entidades financieras ya están facilitando crédito”, motivación expuesta por el Ministro, y aprueba dejar de conceder aplazamientos de IVA a los autónomos y pymes.
Perdonar la ironía, suponemos que esto habrán pensado nuestros dirigentes, “ya está bien de que las Arcas del Estado sirvan para ayudar a mantenerse a quienes generan el 75% de PIB y el 85% del empleo en España, los autónomos y las pymes, ahora hay que seguir apoyando a los accionistas de las grandes compañías para que no se vayan, porque estos invierten sólo allí dónde, en caso de beneficios se distribuyen y en caso de pérdidas, paga el Estado”.
Dios mío … Juan López, carpintero, dos empleados, mantiene 3 familias, ¿qué hará cuando el día 30 de Enero deba pagar el IVA si lo ha utilizado para reparar la cepilladora y renovar la sierra de cinta, contando con que podía fraccionar ese pago durante el año, financiación que no le permitió el vendedor? Ya está, que vaya a SACYR.
Ah!!! Y eso que desde el pasado 11 de octubre, en aplicación de otra norma, el Estado obliga a las entidades financieras a que “notifiquen a las pymes, por escrito y con antelación suficiente (3 meses), su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo de financiación que les haya venido concediendo. De esta manera, la pyme dispondrá de tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de financiación o para ajustar su gestión de tesorería, de forma que tal interrupción o reducción de la fuente de crédito no genere sorpresivos problemas de liquidez que dificulten o incluso imposibiliten cualquier reajuste”, dice la norma, y además obliga a los bancos a que pasados 10 días entreguen un documento que recoja las motivaciones. Pues bien, ahora a 3 de Diciembre con efectos 1 de Enero, la Administración, sin más, decide saltarse su propia norma.
¿Me he explicado? Pues eso.
Gabi Martínez
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