Dirigido a autónomos, profesionales y pequeñas empresas que están pensando en comprar un vehículo para su actividad.

Vas al concesionario, explicas que necesitas un vehículo para trabajar y te enseñan una furgoneta, un todoterreno, una pick-up o un modelo que el vendedor llama “comercial”. En ese momento es fácil fijarse en el precio, el consumo o la capacidad de carga y dejar para después la parte fiscal. Conviene frenar un poco: antes de hablar de deducciones debes saber qué vehículo estás comprando de verdad.

El nombre comercial no decide su tratamiento fiscal. Un SUV no es una categoría tributaria, una “furgoneta comercial” puede esconder clasificaciones distintas y una pick-up no debe darse por resuelta solo por su apariencia. El primer documento que tienes que mirar es la tarjeta ITV o ficha técnica completa del vehículo.

Dentro de esa ficha busca el apartado «Clasificación del vehículo». Allí aparece un código de cuatro cifras. Las dos primeras indican la construcción del vehículo y las dos últimas su utilización. Esta clasificación procede del Anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, y es el punto de partida más fiable para saber si estás ante un turismo, un vehículo mixto, un furgón, un camión o una pick-up.

Como orientación, un código que empieza por 10 identifica un turismo; 17, una pick-up; 20 a 22, un camión; 24 a 26, un furgón o furgoneta; 30, un derivado de turismo; y 31, un vehículo mixto adaptable. Además, si las dos últimas cifras son 33, la utilización es «todo terreno», dato que también importa porque la normativa fiscal trata estos vehículos con especial cautela.

No te conformes con una captura parcial ni con la descripción del catálogo. Pide la tarjeta ITV completa. Si el vehículo todavía no está matriculado, solicita al vendedor la documentación técnica, el certificado de conformidad y una confirmación escrita de la clasificación prevista. Que pagar poco no significa que sea simple, y una diferencia de dos cifras en la ficha puede cambiar por completo el análisis.

También conviene evitar otro error habitual: las letras M1 o N1 de la homologación europea son importantes, pero no resuelven por sí solas la cuestión fiscal. Deben leerse junto con el código de cuatro cifras, las plazas, la carrocería, la masa máxima autorizada, las posibles reformas y, sobre todo, el uso real que vas a darle.

La clasificación técnica orienta, pero no concede automáticamente una deducción. Que la ficha diga «camión» o «furgón» es un indicio favorable para quedar fuera de la regla especial de los turismos, pero todavía tendrás que acreditar que el vehículo se utiliza en la actividad y en qué medida. La ficha explica qué es el vehículo; la prueba explica para qué lo usas.

A partir de ahí empieza la exposición fiscal, y aquí aparece una de las contradicciones más poco intuitivas de nuestro sistema: el mismo vehículo puede recibir una respuesta distinta en IVA, IRPF e Impuesto sobre Sociedades.

En IVA, los automóviles de turismo, vehículos mixtos y todoterreno quedan dentro de la regla especial del artículo 95 de la Ley del IVA. Primero debes demostrar que existe alguna utilización profesional, aunque sea parcial. Una vez probada esa afectación, se presume con carácter general un uso empresarial del 50 %. No tienes que demostrar exactamente ese porcentaje para aplicar la presunción, pero sí debes acreditar que el vehículo se usa realmente en la actividad.

Si pretendes deducir más del 50 %, tendrás que probar un grado superior de utilización profesional. Y si la Administración quiere reducirlo, deberá aportar prueba en sentido contrario. La factura, la contabilización y la inclusión del vehículo en los libros ayudan, pero por sí solas no demuestran los desplazamientos, la custodia ni la ausencia de uso particular.

Cuando el vehículo no entra en la categoría especial de turismo, mixto o todoterreno, la regla cambia. En un camión, un furgón u otro vehículo sujeto a la regla general, el IVA será deducible en la medida en que se utilice en la actividad. Puede llegar al 100 %, pero no porque la ficha diga «camión» sin más, sino porque exista una utilización empresarial real y defendible.

En IRPF la exigencia es mayor. Para un autónomo o profesional, un turismo ordinario no admite normalmente ese cómodo término medio del 50 % de gasto. El vehículo suele estar afecto al 100 % o no estarlo: si existe disponibilidad o utilización privada, lo habitual es que no puedas deducir amortización, renting, combustible, seguro, reparaciones y demás gastos, salvo en las excepciones previstas para determinadas actividades.

Por eso no debes trasladar al IRPF la presunción del 50 % del IVA. Son impuestos distintos y responden a reglas distintas. La mera necesidad de visitar clientes o desplazarte no demuestra afectación exclusiva. Hacienda no suele discutir que trabajas, pero sí puede discutir que ese coche solo se utiliza para trabajar.

En una sociedad tampoco existe un porcentaje legal fijo del 50 % para los turismos. Los gastos y la amortización pueden ser fiscalmente deducibles cuando estén contabilizados, justificados y relacionados con la actividad. El IVA que no resulte deducible se incorpora, con carácter general, al coste del activo o del servicio, de modo que deducir solo la mitad del IVA no obliga a limitar en la misma proporción el gasto en el Impuesto sobre Sociedades.

Ahora bien, si un empleado, socio o administrador tiene el vehículo disponible para fines particulares, esa ventaja debe tratarse correctamente. Puede existir retribución en especie, operación vinculada o incluso una liberalidad, según quién lo utilice y cómo esté documentado. En estos casos, el problema no suele ser únicamente cuánto gasto deduces, sino si has reconocido bien el uso privado.

La prueba práctica es la que sostiene todo el análisis. Guarda agendas de visitas, partes de trabajo, kilómetros iniciales y finales, peajes, aparcamientos, rutas, fotografías del equipamiento, órdenes de trabajo y datos sobre dónde pernocta el vehículo y quién custodia las llaves. Una sola prueba aislada rara vez basta; lo convincente es un conjunto coherente mantenido durante todo el año.

Antes de entregar una señal, revisa la ficha ITV completa, identifica el código de clasificación y valora quién comprará el vehículo, quién lo conducirá, qué transportará, dónde dormirá y si estará disponible para uso privado. La clave no es correr, sino decidir bien: primero saber qué vehículo es, después aplicar por separado IVA, IRPF o Sociedades y, por último, preparar la prueba antes de que alguien la pida.

LET’S GO

Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a pequeños negocios de hostelería, comercio y servicios, y también a cualquier cliente que paga un café, una comida o una compra diaria.

Pides un café, quedas en un bar o compras en una tienda del barrio. Te dan un papel pequeño, lo doblas y sigues. Muchas veces aún se llama “ticket” o “vale”. El problema es que, fiscalmente, esa palabra pertenece más a la costumbre que al Derecho.

Desde el Reglamento de facturación aprobado por el Real Decreto 1619/2012, en España hablamos de factura completa o factura simplificada. La simplificada sustituyó a los antiguos tiques. Por eso no basta con entregar un papel que diga “ticket”, “vale” o “recibo” si no contiene los datos mínimos: número correlativo, fecha, NIF y nombre o razón social del negocio, identificación de lo vendido o servido, tipo de IVA —o “IVA incluido”— e importe total.

En bares, restaurantes, cafeterías y comercios minoristas suele poder emitirse factura simplificada cuando el importe no supera 3.000 euros, IVA incluido. En otros casos pequeños, el límite general es de 400 euros. Fuera de esos supuestos, o cuando el cliente necesita justificar bien un gasto profesional, habrá que emitir factura completa. Y si quiere deducir el IVA con una simplificada, deberán constar también su NIF, domicilio y cuota de IVA separada.

Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Para el dueño del negocio, una caja llena de documentos mal emitidos puede dar problemas en una comprobación. Para el cliente, ese papel puede no servir para justificar una dieta, una atención comercial o una compra de empresa. Hacienda no suele discutir el café, pero sí revisa si el papel demuestra bien la operación.

Es comprensible que el pequeño negocio tenga bastante con atender la barra, proveedores y márgenes ajustados. La burocracia, a veces, parece diseñada lejos del mostrador. Pero conviene no dejar estos asuntos al azar: un programa de caja mal configurado, una numeración desordenada o un “vale” sin datos fiscales puede salir caro por algo fácil de corregir.

La idea es sencilla: cada venta debe quedar documentada como factura simplificada o factura completa. Que el papel sea pequeño no significa que sea informal, y que pagar poco no significa que sea simple.

La próxima vez que pagues un café o cierres una venta, mira ese documento con otros ojos. En fiscalidad, los detalles cotidianos son los que más se repiten, y por eso conviene hacerlos bien. La clave no es complicarse, sino documentar correctamente desde el primer día.

LET’S GO

Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a autónomos, pymes y profesionales que hayan recibido una inspección o una regularización basada en ingresos presuntos.

A veces una inspección empieza con una frase sencilla: “estos números no cuadran”. Puede ser un margen bajo, una diferencia entre bancos y libros o una contabilidad que, sin ser perfecta, refleja la realidad del negocio. El problema llega cuando de esa sospecha se pasa a una liquidación de IRPF o IVA, y además con sanción.

Ahí aparece la estimación indirecta. Dicho claro, es el método que permite a Hacienda calcular la base imponible, la cifra sobre la que se pagan impuestos, cuando entiende que no puede conocerla por los medios normales. La Ley General Tributaria la contempla, pero no como un atajo cómodo, sino como una vía excepcional.

No toda discrepancia contable autoriza a presumir ingresos ocultos. No basta con decir que los datos son raros, que el margen parece bajo o que habría podido facturarse más. La Administración debe justificar una anomalía sustancial y explicar por qué no puede calcular la deuda por los métodos ordinarios. Sospechar no es probar.

Recientemente, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana ha estimado una reclamación defendida por nuestro equipo asesor. Sin identificar al contribuyente ni entrar en datos reservados, la enseñanza es clara: cuando falla el presupuesto que permite usar ese método, pueden caer también las liquidaciones y las sanciones.

El valor de la defensa estuvo en no pelear solo una cifra, sino en revisar la base del procedimiento: por qué se había usado ese método, qué pruebas reales existían y qué parte era una simple presunción. Conviene bajar un poco el miedo inicial. No conviene confundir pagar menos con tener razón, ni aceptar una regularización excesiva solo por evitar el conflicto.

La Administración tiene facultades amplias para perseguir el fraude. Pero la experiencia enseña que la burocracia, cuando se apoya demasiado en presunciones, puede olvidar que detrás hay negocios reales y contabilidades imperfectas, aunque defendibles si se explican bien.

Una reclamación bien trabajada necesita orden, prueba y criterio técnico. La estrategia importa tanto como los libros contables, porque a veces el punto decisivo no está en el último número, sino en demostrar que Hacienda no podía saltar directamente a un método excepcional.

Ante una inspección, la clave no es correr, sino decidir bien. Revisar los papeles, ordenar la prueba y cuestionar técnicamente lo que no esté justificado puede cambiar el resultado. Hacienda puede presumir, pero cuando liquida y sanciona, debe probar.

LET’S GO

Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES

Dirigido a familias con hijos menores a cargo.

Si tienes hijos, sabes que cada inicio de curso, cada cambio de temporada y cada visita inesperada al dentista parecen venir acompañados de una pequeña factura adicional. Por eso llama la atención que una ayuda pública que puede suponer varios cientos de euros al año para muchas familias siga siendo bastante desconocida fuera de determinados círculos.

Hablamos del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación vinculada al Ingreso Mínimo Vital y que, en determinados casos, también puede solicitarse de forma independiente. Para 2026, las cuantías anunciadas son de 115 euros mensuales para menores de 3 años, 80,50 euros entre 3 y 6 años y 57,50 euros entre 6 y 18 años.

Los requisitos básicos giran alrededor de tres cuestiones: tener menores a cargo, no superar determinados límites de ingresos y patrimonio y residir legalmente en España. Como referencia, un matrimonio con dos hijos podría acceder a la ayuda con un patrimonio máximo de 87.152 euros y unos ingresos mensuales de hasta 4.181,52 euros.

Lo curioso es que muchas familias que podrían tener derecho a esta prestación ni siquiera saben que existe. La Administración suele insistir —con razón— en anunciar nuevas ayudas, pero a veces parece menos interesada en explicar de forma clara y constante cómo acceder a las que ya están en vigor. Y cuando la información no llega, la ayuda existe sobre el papel, pero no siempre en la práctica.

La solicitud puede realizarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social y el derecho nace desde el mes siguiente a la presentación. Parece sencillo, aunque conviene bajar un poco la euforia: una cosa es cumplir los requisitos y otra muy distinta acreditar correctamente cada dato. La burocracia tiene la extraña habilidad de complicar lo que parecía evidente.

Por eso merece la pena revisar la situación familiar con calma antes de descartar cualquier ayuda. No se trata de perseguir subvenciones a toda costa, sino de conocer los derechos que ya existen. En tiempos en los que criar hijos resulta cada vez más costoso, ignorar una prestación por simple desconocimiento puede salir caro.

La clave no es correr, sino informarse bien, presentar la documentación correcta y revisar las consecuencias antes de actuar. Muchas veces, la diferencia entre cobrar una ayuda o perderla no está en la norma, sino en conocerla a tiempo.

LET’S GO

Gabi Martínez
Economista
MARTINEZ ABAD CONSULTORES